La semana pasada finalizó el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones locales y regionales del 29 de octubre en Colombia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha mostrado preocupación por el alto riesgo de trashumancia electoral que podría afectar esta contienda democrática.
Según el reporte consolidado entregado por la Registraduría Nacional, un total de 3'169.329 personas inscribieron su documento de identificación en todo el país. De esta cifra, 3'164.062 corresponden a ciudadanos colombianos y 5.267 son extranjeros residentes en Colombia.
Aunque el proceso de revisión de las inscripciones aún se encuentra en curso, la presidenta del CNE, Fabiola Márquez, informó que hasta el momento se han excluido 201.882 documentos inscritos debido a irregularidades detectadas.
Los departamentos en los que se han anulado o excluido más inscripciones debido a presuntas inconsistencias son Cundinamarca (56.913), Antioquia (25.946), Córdoba (20.248), Meta (17.446), Santander (14.036), Magdalena (12.241) y Atlántico (9.653).
La trashumancia electoral, que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al de residencia, constituye un delito de fraude y puede tener consecuencias legales.
Además, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre un fenómeno aún más preocupante conocido como la trashumancia fronteriza. Según información recibida por la MOE, algunas personas estarían llevando a colombianos residentes en Venezuela a municipios de Arauca para inscribirlos en el censo electoral. Ante esta situación, la MOE ha solicitado una revisión detallada de las inscripciones en los puestos de votación fronterizos ubicados en La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Amazonas, y se ha ofrecido a realizar un análisis independiente sobre la trashumancia electoral en estos lugares.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoce la posibilidad de que exista la trashumancia fronteriza debido a las cifras presentadas. La investigación de estas presuntas irregularidades está a cargo del CNE, con el apoyo de la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría.
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