El bloque Roberto Vargas Gutiérrez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, ha divulgado un comunicado en el que niega las amenazas e intimidaciones que estarían recibiendo las campañas políticas en el departamento de Antioquia.
En el supuesto comunicado, el Clan del Golfo afirma que no ha amenazado a ningún funcionario de elección popular en el Bajo Cauca ni el nordeste antioqueño, y que no interfiere en la actual campaña para las elecciones de octubre.
Además, la organización criminal asegura que los aspirantes, de cualquier línea ideológica, podrán promocionar su nombre en los pueblos sin presiones o temor, y que desde la clandestinidad ofrecerán garantías.
Sin embargo, el Clan del Golfo no se hace responsable de las intimidaciones que está recibiendo el alcalde del municipio de Segovia, Didier Osorio Giraldo, y señala que estarían suplantando la identidad del grupo. Según ellos, una fuente humana sería el origen de las amenazas y piden que se investigue y judicialice a la persona que está utilizando su nombre para perturbar el normal funcionamiento de la administración.
Ante estas declaraciones, desde la región se ha expresado dudas sobre la voluntad de la organización para transitar hacia la legalidad, ya que continúan protagonizando altercados del orden público y violaciones a los derechos humanos.
El episodio más reciente que ha generado preocupación tuvo lugar en el suroeste del departamento, cuando el Clan del Golfo secuestró a un menor de siete años después de presenciar el homicidio de su tío. Tras doce horas de estar retenido, el niño fue liberado en el municipio de Urrao.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ha manifestado su preocupación por estos hechos y ha señalado que es necesario que se den verdaderos gestos de paz por parte del Clan del Golfo. A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha iniciado el restablecimiento de derechos del menor.
Cabe destacar que el Clan del Golfo es una organización criminal que ha protagonizado numerosos actos de violencia y delitos en la región, y su desvinculación de las amenazas a candidatos y las intimidaciones en Antioquia genera escepticismo en la comunidad y en las autoridades.
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