En la desagregación de los ingresos tributarios estimados por el Ministerio de Hacienda, se observa un aumento significativo en impuestos como el IVA, el impuesto al consumo y los tributos por plásticos de un solo uso, bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Estos impuestos afectan a toda la población sin distinguir su nivel de ingreso, generando un incremento de 20 billones de pesos en los ingresos. Sin embargo, el mayor recaudo se da a través del impuesto de renta, que pagan las empresas y las personas más ricas, y se estima que recaudará un total de 162 billones de pesos, aunque con un crecimiento del 12%.
Además de los impuestos, el gobierno también cuenta con ingresos significativos provenientes de las ganancias de empresas del sector público, como Ecopetrol, y de las regalías pagadas por empresas mineras y petroleras privadas. Estos ingresos son más difíciles de estimar debido a su dependencia de los precios internacionales, pero se estima que ingresen al menos 15,4 billones de pesos provenientes de Ecopetrol y 9,7 billones del Banco de la República, entre otros.
Sin embargo, surgen dudas sobre los 315 billones de pesos de ingresos tributarios estimados. Alrededor de 30 billones corresponden a estimaciones consideradas demasiado optimistas por algunos analistas. Por ejemplo, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) del Ministerio de Hacienda, se espera un recaudo adicional de 13,6 billones de pesos por el perfeccionamiento de la capacidad de recaudo de la Dian. Este monto es similar al recaudo adicional de toda la reforma tributaria propuesta por Petro. También se estima un ingreso adicional de 15 billones de pesos a través del arbitraje en litigios tributarios.
Sin embargo, expertos como Pardo, del Observatorio Fiscal de la Javeriana, advierten que las proyecciones de ingresos por litigios tributarios dependen de una ley que aún no ha sido tramitada por el congreso, por lo que actualmente ese mecanismo legal no existe. Además, los procesos de mejora administrativa pueden llevar tiempo y es cuestionable que la Dian pueda lograr resultados tan rápidamente.
Esta advertencia ya había sido hecha por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), un grupo independiente de economistas que analizan el presupuesto y advierten del riesgo de incumplimiento de la regla fiscal por parte del gobierno en 2024. Esto podría generar problemas para las finanzas de la nación, como una posible degradación de la calificación crediticia y un aumento en el costo del endeudamiento para el gobierno.
Además de los desafíos en los ingresos tributarios, el presupuesto nacional también enfrenta el peso de la deuda heredada de administraciones pasadas. Aunque el gobierno de Petro ha invertido históricamente 97 billones de pesos, en 2024 se tiene previsto destinar 98 billones de pesos para pagar la deuda. Esto implica asumir las obligaciones financieras de gobiernos anteriores, especialmente el gobierno de Duque, que recurrió a préstamos del FMI para enfrentar la pandemia.
En 2024, el servicio de deuda, es decir, el monto separado por el gobierno para pagar la deuda total en un año, aumentará en un 20%, en su mayoría debido al pago de intereses, que pasarán de 42 a 55 billones de pesos, un incremento del 31%.
Estos retos en los ingresos tributarios y la carga de la deuda presentan desafíos significativos para el presupuesto nacional y la economía del país. Las proyecciones optimistas y la dependencia de ingresos inciertos generan preocupación sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Es fundamental que el gobierno adopte medidas para fortalecer la capacidad de recaudo, mejorar la gestión administrativa y evaluar estrategias que permitan hacer frente a la carga de la deuda de manera efectiva y equitativa.
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