Desde hace varias semanas, tanto la Registraduría como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han venido advirtiendo el riesgo que pesa sobre el proceso electoral en Colombia. Ahora, en el más reciente comité de seguimiento a las alertas tempranas de riesgo electoral, una nueva advertencia quedó sobre la mesa: la amenaza de las candidaturas impuestas bajo la presión de las armas, la compra de votos y la participación en política por parte de funcionarios.
De acuerdo con el registrador nacional, Alexander Vega, si bien los efectos de los Planes Democracia y Ayacucho, de las Fuerzas Militares y de Policía, para garantizar la tranquilidad de los comicios de octubre ya se sienten en las diferentes regiones de Colombia, es necesario poner el foco también en las posibles alianzas que se estarían dando entre algunos candidatos y actores ilegales.
Durante un comité de seguimiento electoral en Sucre, el registrador aseguró que hay información “muy seria” en ese departamento de que hay candidatos que estarían auspiciados o patrocinados por organizaciones armadas o delincuenciales y otros que estarían siendo constreñidos para que eviten el proceso electoral. Además, manifestó que los candidatos que se presten para este tipo de actuaciones serán judicializados y su elección anulada en caso de resultar elegidos.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también hizo eco de las denuncias expuestas por el registrador nacional e insistió en que la violencia no es el único factor de riesgo que se presenta para estos nuevos comicios locales y regionales. Velasco afirmó que quienes intenten tomarse la democracia con el uso de las armas deben enfrentar la reacción de la sociedad y las instituciones. Además, destacó la importancia de combatir la presión ejercida a través de contratos, nombramientos y obras, y mencionó la colaboración de la Procuraduría y la Fiscalía en este tema.
Según el delegado del Gobierno Nacional, se han presentado más de 1.103 quejas ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), las cuales ya están siendo atendidas. El delegado enfatizó en la necesidad de que los responsables públicos se mantengan al margen de estas prácticas y permitan que los ciudadanos lleguen libremente y de manera informada a las urnas. Asimismo, aseguró que no se permitirá que las armas intenten imponer candidatos en ninguna parte del país.
Ante este panorama, la Fiscalía y la Procuraduría han anunciado que realizarán las investigaciones correspondientes y que se iniciará una investigación especial sobre la participación en política de los funcionarios públicos. El objetivo es garantizar un proceso electoral transparente y democrático, libre de influencias ilegales y violencia.
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