Una propuesta en el Congreso busca retrasar la entrada en vigencia de los impuestos saludables en Colombia, los cuales gravarán alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Esta medida, que ha causado revuelo desde el año pasado, tiene como objetivo reducir el consumo de productos poco saludables y fomentar hábitos alimenticios más saludables en la población.
Los impuestos saludables entrarían en vigencia el 1 de noviembre del presente año, pero la propuesta busca postergar su implementación hasta el año 2026, coincidiendo con el fin del actual gobierno. Según los autores de la propuesta, esto se debería a la necesidad de contar con un contexto económico diferente antes de aplicar estos gravámenes.
La propuesta ha generado diversas opiniones. Por un lado, representantes de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal respaldan la medida y creen que es necesario esperar a que las condiciones económicas sean más favorables. Por otro lado, la representante del Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, ha cuestionado el impacto que tendría en el recaudo.
Miranda señala que, de postergarse la entrada en vigencia de los impuestos saludables, se perderían ingresos significativos. Según sus estimaciones, estos impuestos podrían generar hasta 2,8 billones de pesos en el próximo año y cerca de 3 billones de pesos en 2025. Por lo tanto, considera que es responsabilidad de todos promover hábitos de alimentación saludable y no aplazar estas medidas.
Además, se ha señalado que estos impuestos podrían tener un impacto en los precios de los productos afectados. Los alimentos como galletas, cuajada, helados, hamburguesas, salsas, tortas, compotas y café soluble podrían subir de precio debido a estos gravámenes. Sin embargo, esto generaría un incentivo para reducir su consumo y optar por opciones más saludables.
En resumen, la propuesta de postergar la entrada en vigencia de los impuestos saludables en Colombia ha generado debates y críticas. Mientras algunos consideran necesario esperar a un contexto económico más favorable, otros argumentan que esto afectaría el recaudo y los precios de los productos. La discusión sigue abierta y habrá que esperar para conocer la decisión final del Congreso.
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