Este martes se dio a conocer que el próximo 8 de octubre se instalará la mesa de diálogo de paz entre el gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro y las disidencias de las FARC. El anuncio fue realizado en una declaración conjunta desde el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. El propósito de esta mesa de diálogo es buscar la dignificación de las personas que han sido víctimas directas de desigualdad social y de la confrontación armada en el país.
En el comunicado conjunto, las delegaciones manifestaron que este proceso de construcción de paz deberá generar espacios de participación real y efectiva de las diferentes expresiones de la sociedad colombiana. Además, destacaron que el acuerdo, los protocolos y mecanismos que se aprueben en la mesa de diálogo tendrán como marco de referencia el respeto al derecho internacional humanitario y en particular al protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, con el objetivo de preservar la vida, los derechos y las libertades de la población civil.
En la sesión de instalación de la mesa de diálogos de paz se decretará el cese al fuego y se aprobarán el acuerdo de respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego bilateral temporal nacional y territorial. Además, se establecerán los protocolos que regirán el funcionamiento del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, la preagenda, el plan participativo y el cronograma de actividades.
El cronograma de la mesa de diálogo contempla varias etapas, desde la preparación y ajustes de acuerdos y protocolos hasta la implementación del acuerdo de protección de la población y cese al fuego. Durante todo el proceso se evaluarán los avances y el cumplimiento de la agenda y los compromisos pactados.
Por su parte, el Estado Mayor Central de las FARC-EP se compromete a respetar el libre ejercicio del voto y las campañas electorales como parte del proceso de paz. Esta mesa de diálogo representa un paso importante en la búsqueda de la reconciliación y la construcción de un país más justo y equitativo para todas las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia.
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