El ingeniero y excandidato presidencial Rodolfo Hernández enfrenta un nuevo desafío en su carrera política en Santander. Mientras se recupera de una cirugía en la que le extirparon un tumor cancerígeno en el colon, su equipo jurídico radicará una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de la solicitud es que se le respeten sus derechos políticos y se le permita seguir como aspirante político en las elecciones de octubre de 2023.
El equipo jurídico de Hernández argumenta que las decisiones en su contra deben ser revisadas por un juez o el Consejo de Estado, basándose en el precedente del caso de Gustavo Petro, quien recuperó sus derechos políticos tras una destitución. Alegan que el caso de Hernández es similar al de la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, a quien el Consejo de Estado le devolvió sus derechos políticos después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anulara su inhabilidad.
La controversia en torno a la elegibilidad de Hernández ha generado ruido en la contienda electoral de Santander. Aunque su campaña insiste en que está habilitado para aspirar y ejercer cargos públicos, la situación ha generado dudas en el electorado. Además, la ausencia mediática del ingeniero en las últimas semanas ha contribuido a la incertidumbre.
Camilo Larios, director del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción que lidera Hernández, explicó que el proceso legal aún está pendiente, y que debe ser un juez o el Consejo de Estado quienes revisen las sanciones impuestas al ingeniero. Entre las sanciones mencionadas estarían una suspensión por una agresión física a un concejal, otra por llamar corrupto a un funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga y una tercera por responder de manera polémica durante la poda de un árbol en un parque.
La solicitud de Hernández a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basa en la idea de que sus derechos políticos están siendo limitados de manera injusta por parte de la Procuraduría. Su equipo jurídico buscará demostrar que su caso debe ser revisado a nivel nacional para asegurar su participación en las elecciones. La decisión de la Corte Interamericana podría tener un impacto significativo en su futuro político y en el panorama electoral de Santander.
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