La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha presentado un pliego de cargos en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor por las irregularidades en los contratos que han perjudicado la creación de una liga sostenible de fútbol femenino en el país. La investigación de la SIC señala que se han cometido cuatro graves actuaciones anticompetitivas que han afectado el desarrollo de esta disciplina.
En primer lugar, la SIC acusa a la Dimayor de imponer pésimas condiciones contractuales a las jugadoras. Según la investigación, los clubes han celebrado contratos irregulares con las jugadoras, ofreciéndoles salarios mínimos y condiciones de duración limitadas. Esta práctica distorsiona el mercado y evita la dinámica de competencia.
Otra acusación es la cartelización de los contratos de las jugadoras. La SIC sostiene que los equipos han llegado a un acuerdo común sobre el valor de las jugadoras, estableciendo topes salariales que limitan su desarrollo económico.
Además, la Superintendencia señala que la Federación y la Dimayor han negado recibir fondos estatales para el desarrollo del fútbol femenino. A pesar de los reclamos de los equipos sobre la falta de patrocinio y presupuesto, los directivos se han mostrado renuentes a aceptar los recursos provenientes del Gobierno. La SIC argumenta que este comportamiento se debe al temor de someterse a vigilancia y auditoría si aceptaran los fondos.
Por último, la suscripción del contrato con Win Sports para los derechos de televisión y transmisión de los torneos organizados por la Dimayor ha perjudicado el desarrollo del fútbol femenino. Según la investigación, esto se debe a que solo se transmite un partido de la Liga por jornada, lo que limita la visibilidad y el crecimiento de la disciplina.
La SIC tiene prevista una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de esta investigación. Esta situación es de suma importancia para el fútbol colombiano, ya que en caso de que el Estado tome medidas, se podría solicitar la intervención de la FIFA, lo que llevaría a la cancelación de competencias, el cese de actividades y la exclusión de Colombia del Mundial.
La FIFA establece en sus estatutos que las federaciones miembro deben administrar sus asuntos de forma independiente y evitar cualquier injerencia política. En caso de incumplimiento, la federación podría ser suspendida o incluso expulsada. La exclusión de una federación de la FIFA tendría graves consecuencias, como la imposibilidad de ejercer sus derechos como miembro y la prohibición de mantener contacto con las federaciones no suspendidas.
Ante este panorama, los directivos del fútbol colombiano han convocado una reunión urgente en la que se especula con la posibilidad de que los equipos realicen un paro como protesta a las medidas que consideran desmedidas. Incluso se menciona la posibilidad de solicitar la intervención de la FIFA para que haga respetar a la Federación Colombiana de Fútbol y a las entidades dependientes.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que la Federación y la Dimayor enfrentan problemas legales. En 2018, la SIC presentó una investigación sobre el caso de la reventa de boletas, en la que se señaló al máximo ente del fútbol colombiano por el desvío masivo de boletería y el direccionamiento del contrato de operación hacia la empresa Ticketshop. A pesar de las pruebas presentadas, hasta ahora no se han dado novedades sobre este caso.
Este complicado panorama pone en riesgo la participación de la Selección Colombia en el próximo Mundial, ya que en caso de intervención del Estado en la Federación, se podría configurar una injerencia política que viola los estatutos de la FIFA y llevaría a la exclusión del país de la competición internacional. La situación es delicada y aún queda por dilucidar el desenlace de esta investigación y las posibles consecuencias para el fútbol femenino en Colombia.
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