En respuesta a las marchas convocadas por el Gobierno Nacional para el miércoles 27 de septiembre, la procuradora Margarita Cabello ha expresado su preocupación frente a la posibilidad de que estas manifestaciones se conviertan en plataformas políticas para impulsar candidatos.
Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales en la ciudad de Cali, la funcionaria mostró su inquietud al recibir manifestaciones de organizaciones políticas, candidatos y ciudadanos respecto a la posible instrumentalización de estas marchas por parte de aspirantes a los comicios.
Cabello recordó que la jurisprudencia es clara en cuanto a la definición de participación política. Según diferentes pronunciamientos, especialmente del Consejo de Estado, se considera participación política no solo el pedido expreso de votar por un candidato, sino cualquier acción que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda.
Asimismo, advirtió que, en caso de romperse el equilibrio en las contiendas electorales, los entes de control tienen la facultad de intervenir para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos políticos de los ciudadanos.
En su intervención en la Comisión realizada en Cali, la procuradora pidió al Gobierno Nacional que priorice de manera urgente el orden público en las próximas elecciones. Expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que la democracia colombiana esté nuevamente en riesgo debido al aumento de la violencia. Sin unas elecciones libres, transparentes y seguras, se debilitaría la democracia y la institucionalidad, lo cual no se puede permitir.
Finalmente, Cabello informó que solicitó al registrador un informe sobre los hallazgos identificados en el primer simulacro de preconteo, que se llevó a cabo en diferentes ciudades del país con la presencia de ingenieros de la procuraduría. Estos hallazgos incluyeron la ausencia de personal en los Centros de Recepción Telefónica (CRT), problemas de comunicaciones entre los transmisores de los E-14 y los call center, y baja participación de auditores de los partidos políticos y movimientos de ciudadanos, entre otros aspectos a evaluar.
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