Las elecciones regionales están entrando en la recta final y las perspectivas no son alentadoras para los candidatos afines al Gobierno en las principales ciudades del país. Expertos en la materia señalan que esta situación ha desencadenado movilizaciones convocadas desde la presidencia durante la semana pasada, lo cual se ha intensificado a través de las cuentas institucionales de la Presidencia de la República.
A pesar de que existe una prohibición expresa para que los funcionarios públicos participen o respalden públicamente a determinada campaña o movimiento, el presidente y su equipo de comunicaciones han encontrado “grises” en la ley para enviar mensajes que pueden interpretarse como un respaldo a algún candidato en particular. Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, estas publicaciones se encuentran en una zona gris, en los límites entre lo permitido y lo prohibido. En caso de abrirse una investigación, los encargados de determinar si hubo una violación a las normas serían el DAPRE y eventualmente la Procuraduría.
Sin embargo, no se trata solamente de publicaciones en redes sociales. El presidente Petro estuvo presente en un evento en Engativá el viernes pasado, recordando los logros de su administración y hablando sobre las posibilidades de futuro a través de acuerdos entre la administración distrital y el Gobierno Nacional. Durante su diálogo con la comunidad, Petro mencionó su interés en reabrir el Hospital San Juan de Dios, un tema sobre el cual su candidato en estas elecciones, Gustavo Bolívar, ha sido crítico de la administración de Claudia López en el pasado.
Las críticas hacia el Gobierno Petro sobre su intervención en política han llegado desde varios sectores, incluyendo aquellos que anteriormente le mostraron su respaldo. La representante a la Cámara Catherine Juvinao expresó su indignación respecto a las cuentas de presidencia hablando de Bogotá Humana, y aseguró que el abuso de los recursos públicos y de la ley será castigado en las urnas. Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia manifestó su descontento ante la indignación selectiva del mandatario, mencionando el caso de Tulio en el Valle y el general Mora en Norte de Santander, y cuestionando la intervención del presidente en política.
Es importante recordar que está prohibido utilizar información reservada de entidades públicas para actividades políticas, así como presionar a particulares, subalternos o contratistas para respaldar una causa o campaña política. También se considera ilegal influir en actividades electorales partidistas y utilizar las competencias del cargo para favorecer ilegítimamente a un movimiento político.
A pesar de las críticas y denuncias, desde la Presidencia han intentado justificar las publicaciones del presidente y de la entidad, argumentando que esto forma parte de gobernar con el pueblo. Según María Paula Fonseca, secretaria de comunicaciones y prensa de Presidencia de la República, ¿cuál es el problema con que el Gobierno del Cambio haga un Gobierno con el pueblo en Bogotá? Asimismo, se pregunta si Bogotá no es objeto de las políticas de transformación del Gobierno Nacional, y si el Gobierno del presidente Petro no es la consolidación nacional de un proyecto progresista que se inició en Bogotá Humana hace 10 años.
Cabe destacar que la intervención en política por parte de funcionarios distintos al presidente es sancionada por la Procuraduría. Un ejemplo de esto es la reciente renuncia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dejó su cargo para dedicarse a hacer campaña en favor de Juan Carlos Upegui, quien se encuentra en segundo lugar en las encuestas, muy lejos de Federico Gutiérrez, férreo opositor de la alcaldía de Quintero.
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