El martes pasado, el Gobierno presentó la Política Nacional de Drogas 2023-2033, denominada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”. Esta política está enfocada en priorizar la salud pública, garantizar los derechos humanos y proteger las libertades individuales.
El nuevo enfoque fue presentado en El Tambo, en el departamento del Cauca, uno de los municipios con mayor área de cultivos de uso ilegal en el país. La estrategia busca cuidar la vida y el ambiente, poniendo en primer lugar los derechos humanos, la salud pública y el fortalecimiento de la paz. Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia de Colombia que las comunidades y los territorios afectados por el tráfico ilícito de drogas participan en la formulación de la política.
Para la formulación de la política, el Ministerio de Justicia realizó 27 espacios territoriales en 16 departamentos y Bogotá, 51 mesas técnicas bilaterales, tres sesiones con aliados estratégicos, cinco con sectores de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, y tres espacios con sectores específicos como mujeres, jóvenes y prevención.
El objetivo principal de esta iniciativa es reducir a casi la mitad la producción de cocaína en el país, afectar las finanzas ilícitas, reducir la deforestación anual y disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
La nueva política se basa en dos pilares principales: Oxígeno, dirigido a los territorios, las personas y los ecosistemas afectados por el mercado de drogas ilegales; y Asfixia, enfocado en las estructuras criminales que generan violencia y se lucran en mayor proporción de esta economía ilícita en escenarios mundiales.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva política es el cambio en el paradigma de la lucha antidrogas. Durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, realizada en Cali el mes pasado, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, lideraron la conferencia y coincidieron en pedir una sola voz latinoamericana frente a las drogas.
Esta nueva política fue presentada a la Unión Europea la semana pasada en el marco del Segundo Diálogo Colombia-UE, en Bruselas. Colombia y la Unión Europea están negociando un acuerdo para promover la cooperación judicial en el ámbito penal y un acuerdo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y la nueva agenda europea de drogas. El Gobierno de los Estados Unidos también ha certificado a Colombia por su lucha y enfrentamiento adecuado contra el narcotráfico ilícito.
Esta iniciativa demuestra que Colombia está tomando acciones concretas para enfrentar el problema mundial de las drogas, reconociendo el fracaso de la guerra contra las drogas y promoviendo una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos. Se espera que esta nueva política tenga un impacto significativo en la reducción del narcotráfico y contribuya a resolver esta problemática que ha causado tanto sufrimiento.
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