Con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, el presidente se queda sin un enorme poder excepcional que había considerado usar para avanzar en sus reformas. Sin embargo, el fallo permite al gobierno tomar medidas excepcionales durante un año para aliviar los efectos de la sequía en la situación crítica que vive el departamento.
La situación en La Guajira es dramática, con altos niveles de pobreza, desnutrición y falta de acceso al agua potable. Según cifras de la Corte Constitucional, un niño guajiro solo tiene acceso a 5 litros de agua diarios, cuando el mínimo vital es de 20 litros. Además, solo el 20% de la población rural en el departamento tiene acceso a agua potable. La desnutrición también es crónica, con 59 de cada 100 hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave.
La combinación de la falta de agua y la mala alimentación ha provocado la muerte de 85 niños menores de cinco años por desnutrición el año pasado, una tasa casi 9 veces la nacional. La tasa de mortalidad por diarrea aguda en La Guajira es 8 veces el promedio nacional. La situación se agrava con el Fenómeno del Niño, que ha disminuido aún más las lluvias en el departamento.
El gobierno Petro había decidido enfrentar esta situación mediante el uso de decretos de emergencia, con el objetivo de tomar medidas excepcionales sin pasar por el Congreso. Estos decretos incluían medidas para la gestión del agua, compras públicas de alimentos, reforma a la salud y transición energética, entre otras. Sin embargo, la Corte Constitucional ha declarado inexequible la emergencia, poniendo fin a esta estrategia.
El fallo de la Corte fue resultado de un debate entre los magistrados, quienes estuvieron divididos en varios puntos. La mayoría consideró que el presidente debe agotar las herramientas ordinarias que existen para abordar los problemas en La Guajira antes de recurrir a medidas excepcionales. Además, quisieron enviar un mensaje político al presidente, señalando que no puede acudir a medidas excepcionales sin agotar los mecanismos ordinarios.
Ahora, el gobierno deberá tomar decisiones sobre los decretos expedidos basados en la emergencia. Al menos la mitad de ellos perderán validez en los próximos días. Sin embargo, con los que sobrevivan, el gobierno tendrá la oportunidad de aliviar la difícil situación en La Guajira y demostrar que esa era su intención desde el principio, sin tener que recurrir al Congreso para avanzar en sus reformas.
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