El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó en El Tambo, Cauca, su nueva política de drogas llamada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. El escenario no podía ser más simbólico, ya que esta región es epicentro del conflicto armado agudizado por el narcotráfico. La estrategia busca romper con la dependencia de las drogas en las comunidades y atacar a los actores del narcotráfico.
La presentación de la política de drogas contó con la participación de más de 3,000 cocaleros del Cauca, Norte de Santander y Putumayo, regiones donde la economía de la coca es la principal forma de vida. Petro destacó que la nueva estrategia se trabajó durante un año en 27 territorios con comunidades afectadas por el narcotráfico.
La política de drogas de Petro se enfoca en dos aspectos principales: el “oxígeno” y la “asfixia”. El primer enfoque busca acabar con la dependencia de las comunidades en la economía de las drogas y evitar la criminalización de los campesinos. Por otro lado, el enfoque de “asfixia” busca atacar a los actores estratégicos y de alto valor del narcotráfico.
A pesar de los esfuerzos de Petro, enfrenta grandes desafíos. Colombia es el mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína, y las hectáreas de cultivos de coca han aumentado en los últimos años. Además, los carteles del narcotráfico siguen activos y el negocio de las drogas es una forma de ingreso para miles de familias.
La implementación de la nueva política de drogas requerirá una inversión de 28 billones de pesos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que se ofrecerán diferentes opciones a las comunidades, como la reforma agraria y el cambio de actividades para los cultivadores de coca. También se buscará la descriminalización de las personas que están en prisión por delitos relacionados con droga.
Aunque la participación de los campesinos en la construcción de la política es valorada, hay críticas y preocupaciones. Algunos líderes de comunidades cocaleras consideran que la política no aborda efectivamente el acuerdo final de paz y continúa con la erradicación forzada en los territorios. También se cuestiona la militarización de las comunidades y la falta de inclusión
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