El programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia muestra un bajo nivel de ejecución, alcanzando solo un avance del 2% de un total que involucra a aproximadamente 100.000 familias en todo el país. Así lo revela el cuarto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, presentado por la Defensoría del Pueblo el martes 17 de octubre.
En el documento, titulado “Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, la Defensoría destaca problemas de articulación interinstitucional y altos niveles de “improvisación”. Estos hallazgos evidencian la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades del Estado para garantizar la efectiva implementación de las políticas públicas en los territorios.
La parte primordial del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que corresponde a la ejecución de proyectos productivos de ciclo largo, registra un avance mínimo del 2%. Esto representa un obstáculo significativo para las aproximadamente 100.000 familias involucradas en el programa, especialmente en las regiones más afectadas por la siembra y comercialización de cultivos ilícitos, como Cauca, Putumayo y Norte de Santander.
La capacidad de intimidación de los grupos armados ilegales y la ausencia estatal en las regiones son factores que dificultan la implementación del programa y hacen necesaria la presencia efectiva del Estado para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y la protección de los derechos de las comunidades. El informe de la Defensoría del Pueblo también destaca el aumento de la minería ilegal, que ha generado desplazamientos forzados y nuevos espacios de violencia, obstaculizando la ejecución de las órdenes de restitución de tierras y causando revictimizaciones.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatiza que la política de “Paz Total” no debe poner en riesgo la implementación del Acuerdo Final de Paz. Es necesario que todas las partes involucradas cumplan los compromisos adquiridos y garanticen la seguridad en los territorios para que los programas en curso puedan avanzar de manera efectiva y oportuna.
A pesar de que la Defensoría del Pueblo envió recomendaciones puntuales a principios de 2023 para mejorar la implementación del Acuerdo, la coordinación entre las entidades estatales sigue siendo deficiente. Es fundamental que se priorice la participación de la comunidad en la implementación de los compromisos y que se fortalezca la coordinación entre las diferentes entidades del Estado para asegurar un avance significativo en la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
En resumen, el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia enfrenta importantes desafíos en su implementación. La baja ejecución del programa, que solo registra un avance del 2%, pone en riesgo la efectividad de los acuerdos de paz y la garantía de los derechos de las comunidades involucradas. Es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional y aumentar la presencia del Estado en las regiones más afectadas por la siembra y comercialización de cultivos ilícitos.
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