Un informe publicado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República revela que al menos 553 candidatos a alcaldías y concejos podrían estar inhabilitados para participar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. El informe, elaborado a partir de un análisis en la plataforma de contratación Secop II, señala que estos candidatos habrían celebrado contratos con entidades en el año anterior, lo cual configura una causal de inhabilidad. Esto pone en duda las relaciones entre estas contrataciones y las campañas políticas.
El informe, divulgado a casi 10 días de las elecciones, ha generado suspicacias debido a que no fue elaborado por la Procuraduría General o el Consejo Nacional Electoral, organismos encargados por mandato legal de generar este tipo de alertas. Ante esto, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, aclaró que su competencia se limita a denunciar esta situación y que le corresponderá a las entidades competentes realizar las investigaciones y tomar decisiones al respecto.
El panorama más crítico se presenta en los concejos municipales, donde se registra un total de 526 candidatos en riesgo de inhabilidad debido a 769 contratos que ascienden a un monto de 50.170 millones de pesos colombianos. Es en el departamento de Antioquia donde se encuentra el mayor número de candidatos con riesgo de inhabilidad, seguido por Santander, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca.
Entre los candidatos que figuran en el listado de presuntos inhabilitados se encuentra Jorge Julián Osorio Gómez, del Centro Democrático, quien aspira al Concejo de Medellín. Según la Secretaría de Transparencia, Osorio Gómez celebró cinco contratos con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que suman más de 16.000 millones de pesos.
Ante la repercusión de este informe, el Centro Democrático emitió un comunicado de prensa en el que señala que los datos presentados sobre los candidatos del partido son “totalmente tendenciosos e inexactos”. El partido defiende que cuenta con un riguroso proceso de evaluación para escoger a sus candidatos y solicita a la Procuraduría que adelante las investigaciones correspondientes, ya que considera que se está incurriendo en una supuesta participación en política y la comisión de presuntos delitos electorales.
En resumen, el informe del gobierno revela inhabilitaciones de 553 candidatos para las elecciones regionales debido a contratos celebrados con entidades en el año anterior. Esta situación genera suspicacias y pone en duda las relaciones entre las contrataciones y las campañas políticas. El Centro Democrático ha expresado su sorpresa ante este informe, defendiendo la legalidad de las contrataciones de sus candidatos y solicitando a la Procuraduría que adelante las investigaciones correspondientes. Las decisiones sobre las inhabilitaciones estarán en manos de las entidades competentes.
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