Las masivas reuniones en que se observan derroches en publicidad política y despliegue político, las vallas con las cuales uno casi que se tropieza cuando va por las calles o avenidas y los afiches, pendones y demás elementos para atraer la atención de los potenciales electores, son el pan nuestro de cada día en tiempos de campaña.
De eso sobró y se observó de manera extraordinaria no solo en Cúcuta, sino en la provincia nortesantandereana por parte de muchos de los que se disputan el voto para las elecciones regionales del 29 de octubre.
Sin embargo, ni aquí ni en el resto del país donde el mismo derroche se ha advertido, las cuentas cuadran porque en el aplicativo que existe para dar a conocer todos esos gastos es muy bajo el número de quienes han hecho estos reportes.
Esto ocurre pese a estar en plena vigencia la Resolución 4737 del 5 de julio de este año del Consejo Nacional Electoral y que rige para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electorales.
Una inmensa mancha gris se posa sobre este aspecto que no permite tener una mínima aproximación a la realidad ni mucho menos establecer de dónde probablemente proceden los dineros que se han gastado quienes aspiran en los próximos cuatro años asumir el poder en alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales.
Indagando en diversas fuentes, se conoció un informe de Transparencia por Colombia en un comunicado del 12 de octubre, donde teniendo en cuenta el bajo número de reportes (el 4,14% del total de candidatos en el país) en Cuentas Claras, totalizó las siguientes cifras nacionales:
-En total se han reportado $83.334.631.442 como ingresos para financiar las campañas territoriales. Siendo el 58% correspondientes a recursos propios de los candidatos y sus familiares y el 32% de contribuciones particulares.
-Se han reportado gastos por $49.477.073.308. Frente al total de los ingresos-dice Transparencia por Colombia-este gasto corresponde al 55%, lo que indicaría que en estas semanas previas al día de las elecciones habrá un incremento significativo en la inversión de recursos para las campañas.
Y mientras en el país ‘llueve’ en Norte de Santander ‘no escampa’ en cuanto a los incumplimientos de la normatividad por parte de los aspirantes, puesto que de 4.388 que van por alguno de los cargos de elección popular en disputa, apenas 91 han ido al aplicativo a hacer este trámite.
Si ganan, muchos de ellos van a jurar cumplir la Constitución y la Ley cuando se posesionen, razón por la cual la ciudadanía les pregunta qué tan difícil es que acaten lo expuesto por la normatividad en temas tan delicados y que se relacionan con la ética y la transparencia.
La sociedad en general tiene derecho a saber si se están violando o no los topes de campaña y de dónde provienen los dineros y si hay excesos en ciertos gastos, porque nada menos que quienes pueden estar incurriendo en alguna irregularidad son los que van a llegar a gobernar en las regiones o a ocupar curules en las corporaciones administrativas.
Precisamente, el CNE en el listado de delitos electorales habla de delitos tales como la omisión de información del aportante, violación de los topes o límites de gastos de campañas electorales y la financiación de campañas con fuentes prohibidas.
Ahí reposa entonces el motivo para que se entienda que Cuentas Claras no es un juego sino una obligación con el país para conocer diáfanamente el movimiento financiero de las candidaturas.
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