La Personería de Medellín ha emitido una alerta preocupante por la falta de control a la propaganda política en la ciudad. Según esta institución del Ministerio Público, diferentes partidos políticos, movimientos y grupos de ciudadanos han instalado publicidad sin los permisos correspondientes del Espacio Público. Además, se ha observado que esta propaganda tiende a mover mensajes belicosos en contra de otras campañas, lo que desvirtúa su propósito inicial de buscar la favorabilidad para un determinado candidato.
Hasta el cierre de septiembre, la Alcaldía de Medellín había recibido 21 quejas formales por propaganda electoral instalada sin autorización. Además, se han restringido un total de 248 piezas de propaganda por no cumplir con los permisos necesarios. Esto ha llevado a que varias campañas hayan tenido que retirar más de 100 ejemplares de su publicidad.
La campaña “Medellín nos Une”, que apoya la candidatura de Albert Corredor a la Alcaldía y su lista al Concejo, ha tenido que retirar 132 ejemplares de su propaganda. Otros movimientos como Antioquia Viva, del excandidato a Gobernación Eugenio Prieto, y Cuidemos Medellín, de Luis Bernardo Vélez, también han tenido que desmontar parte de su publicidad por no tener los permisos en regla. Incluso partidos y movimientos como el Liberal, Cambio Radical, Creemos, Independientes, Conservador, Juntos, Alianza Verde, ASI, Manos por Medellín y Renovación han sido registrados por no contar con los permisos correspondientes.
Ante esta situación, la Personería ha recordado que el próximo 29 de octubre estarán habilitados 239 puestos de votación en Medellín, que equivalen a casi 5.300 mesas y 35.000 jurados. Además, se contarán con 98 comisiones escrutadoras para garantizar un proceso de votación transparente y legal.
Es importante que las autoridades competentes tomen medidas para controlar la propaganda política en la ciudad y asegurarse de que se cumplan los permisos correspondientes. De esta manera, se garantizará una campaña electoral justa y equitativa, sin mensajes belicosos ni actos ilegales que puedan afectar la integridad del proceso democrático.
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