El pasado domingo 29 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Regionales en Colombia, un proceso en el que se elegían a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados a las asambleas y ediles de las JAL (Juntas Administradoras Locales). Sin embargo, lo que se esperaba como una jornada democrática se vio empañada por actos de violencia e intolerancia en diferentes partes del país.
Desde las pasadas Elecciones Presidenciales y con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la Casa de Nariño, se ha evidenciado una marcada división en el país, la cual volvió a mostrarse durante esta jornada electoral. Desde aquel momento, han surgido acusaciones de fraudes electorales, influencia política en los votos y supuestas irregularidades en entidades como el Concejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El caso más delicado se vivió el sábado 28 de octubre en la población de Gamarra, Cesar, donde un grupo de habitantes hizo destrozos en la sede de la Registraduría. Este acto de violencia terminó incendiando las instalaciones y cobrando la vida de una funcionaria, además de dejar a otras dos trabajadoras con quemaduras. Esta tragedia ocurrió por la sanción de un candidato a la alcaldía que fue inhabilitado.
Pero esto no fue un caso aislado, ya que durante el día de los comicios se presentaron múltiples disturbios en diferentes puestos de votación y oficinas de la Registraduría. En algunos municipios y pueblos, las votaciones no se pudieron llevar a cabo y deberán repetirse en el futuro para elegir a los gobernantes locales.
Estos incidentes se dieron, según las autoridades, debido al manejo del material electoral, el comportamiento de los protagonistas de las elecciones y los resultados que empezaron a conocerse. En Santiago, Putumayo, se detuvo la jornada de votación por la invasión de un grupo de ciudadanos que denunciaban corrupción y supuestos tarjetones marcados previamente. En La Paz, Cesar, hubo denuncias sobre personas que llegaron a votar y en la planilla ya habían registrado su participación. En Ricaurte, Nariño, se cancelaron las votaciones oficialmente debido a denuncias de influencia de grupos al margen de la ley. En Fonseca y Conejo, La Guajira, hubo invasión de personas no autorizadas y acusaciones de pertenecer a grupos armados. En el Cauca, hubo disturbios y asonadas al final de las votaciones en varios municipios. En Planadas y Purificación, Tolima, también se vivieron hechos violentos después de las votaciones. En Chinú y La Apartada, Córdoba, se registraron disturbios graves, incluyendo el incendio de la sede de la Registraduría en el primer pueblo mencionado. En Samaná, Caldas, hubo acusaciones de presencia del alcalde actual durante el conteo de votos oficial. Y en Pueblorrico, Antioquia, hubo acusaciones de fraude y un conteo de votos irregular.
En respuesta a estos hechos, Gustavo Petro, en su discurso oficial, afirmó que hubo más de 8.850 quejas y denuncias por parte de ciudadanos, relacionadas con comportamientos en contra de la jornada democrática, como compra de votos y fraudes. Además, mencionó que su ‘Plan democracia 2023’ dejó 92 capturados y más de 1.000 millones de pesos decomisados. Sin embargo, a pesar de las graves denuncias y disturbios registrados a lo largo del día, el mandatario afirmó que no hubo muertos ni heridos, y calificó la jornada como un día de paz en Colombia. Estas declaraciones contradicen lo que se ha visto y denunciado en las redes sociales.
Petro también aseguró que van a actuar ante las inconformidades y protestas surgidas, pero pidió calma a los ciudadanos y anunció el envío de delegaciones del gobierno para abordar la situación. Ante estos eventos, es necesario evaluar las medidas que se deben tomar para garantizar una jornada electoral pacífica y segura en el futuro, ya que es fundamental para la democracia y el desarrollo del país.
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