Las elecciones regionales celebradas el domingo en Colombia son historia. El resultado de las votaciones fue principalmente favorable para sectores opositores al Gobierno de Gustavo Petro.
Los comicios se desarrollaron con relativa normalidad, aunque se registraron algunas irregularidades o actividades prohibidas. Por ejemplo, el alcalde de Yondó (Antioquía), Fabián Echavarría Rangel, fue detenido por “enriquecimiento ilícito” tras ser sorprendido transportando 150 millones de pesos (unos 37,000 dólares) en efectivo y cuatro armas justo antes de que se abriera la jornada electoral. También se informó de la captura de dos mujeres; una que poseía 22 cédulas de identidad y otra que pretendía ingresar a un local de votación con 26 sobres con dinero.
Asimismo, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó 184 irregularidades en el voto libre. Justamente, días previos a estos comicios, el Gobierno colombiano había hecho un llamado a la ciudadanía a rechazar estos actos ilícitos y ofreció una recompensa monetaria para quienes denuncien estos hechos.
Práctica común expandida en las regiones
La compra de votos, como una forma de clientelismo, es “una práctica política que tiene mucho rato en Colombia, que está bastante enraizada en algunas regiones”, cuenta a DW Miguel García Sánchez, profesor del departamento de Ciencia Política y de Estudios Globales de la Universidad de los Andes.
Según mediciones del académico, más o menos “entre el 7 y el 15 por ciento de los ciudadanos reportan en encuestas - que pueden tener algunos sesgos -, haber sido objeto o haber recibo algo a cambio de su voto”.
Bibiana Ortega, profesora de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, explica a DW que la compra de votos suele darse “en países pobres como los nuestros, donde la gente no tiene ninguna expectativa de que un gobierno haga cambios sustanciales frente a su vida”.
Un fenómeno marginal
De todas formas, García Sánchez sostiene que el efecto de esta práctica ilícita podría tener un impacto a escalas más pequeñas, como en municipios donde hay mayor dependencia de los recursos estatales. “Hay una alta dependencia del empleo, del recurso público y del político como garante de bienes y servicios para la ciudadanía”.
De hecho, la académica Ortega considera que “el impacto de la compra de votos es marginal”. Y replica que es la misma gente que sale a votar la que legitima los procesos electorales y la democracia.
¿Sirve la recompensa ofrecida por el Gobierno?
El Gobierno de Petro ofreció recompensas económicas para quienes denuncien actos ilícitos durante los comicios regionales, algo que los expertos consultados critican. Ella sostiene que para eso existe la justicia y que lo que hay que promover “es la denuncia de los delitos electorales con la suficiente evidencia para que el debido proceso determine si hubo violaciones a nuestras normas o no”.
En tanto, el profesor García Sánchez no cree que la medida “tenga un impacto fundamental en la forma en cómo funciona este fenómeno. Este obedece más a transformaciones de otra naturaleza, de carácter más estructurales de las condiciones de la ciudadanía”.
¿Cómo evitar las malas prácticas?
En resumen, la compra de votos y el clientelismo serían factores comunes en las elecciones colombianas, pero también marginales. Por ello, los expertos difieren en las posibles soluciones para evitar estas prácticas en futuros sufragios.
Ortega, propone asistir activamente a las elecciones, reportar irregularidades, ser observador o testigo electoral y cuidar la democracia. “Creo que eso es lo que tiene que hacer la sociedad civil. No solo salir a votar, sino concientizarse de que el cuidado de la democracia es tarea de todos”. García Sánchez concluye que es difícil romper la lógica de una norma social cuando la vida cotidiana del ciudadano depende enteramente de los políticos o de los recursos públicos.
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