Amnistía Internacional publicó un informe titulado ‘Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa’, en el cual se pronuncia sobre las afectaciones sufridas por los defensores de derechos humanos en el país. Según la organización, en los últimos cinco años el Estado colombiano no ha respondido de manera suficiente a los graves riesgos que enfrentan estas personas que ejercen liderazgo en defensa de los derechos humanos.
La directora para América de Amnistía Internacional, Ana Piquer, destacó que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país.
El informe compiló cinco casos en los que se atacó y amenazó a defensores de derechos humanos en cuatro regiones del país. Entre los casos documentados se encuentra el de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan), que defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de Barrancabermeja. La presidenta de la organización, Yuly Velásquez, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.
Otro caso documentado es el de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que trabaja por la defensa de los derechos humanos en la misma región. Sin embargo, han sufrido desplazamientos forzados que han expuesto a sus integrantes a graves riesgos.
También se menciona en el informe el caso de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa), conformada por familias campesinas que buscan gestionar la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica. Jani Silva y otras integrantes de Adispa han sido atacadas y amenazadas en innumerables ocasiones en los últimos cinco años, principalmente debido a su trabajo de conservación del medio ambiente y vigilancia de la biodiversidad y el agua en el territorio.
Además, se destaca el caso de la comunidad indígena de Aseimpome y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), que promueven los derechos asociados a la tierra del campesinado en el Catatumbo.
Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades colombianas para que adopten medidas de protección colectiva que aborden las causas estructurales del riesgo al que están expuestos los defensores de derechos humanos y sus comunidades. Estas medidas deben buscar la completa mitigación de las causas generadoras de la violencia, desde un enfoque integral e interseccional.
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