Varios alcaldes y gobernadores salientes y electos han anunciado que presentarán una demanda ante la Corte Constitucional contra dos decretos del gobierno. Según los mandatarios regionales, el Decreto 1961 de 2023 y el Decreto 1959 de 2023 son inconstitucionales y exceden las competencias de las entidades regionales.
El Decreto 1961 de 2023 crea el nuevo Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), el cual asume varias de las funciones del Instituto Nacional de Vías (Invías). Una de las principales críticas de los alcaldes y gobernadores es que el Invir puede contratar la construcción y mejoramiento de vías terciarias directamente con comunidades indígenas, campesinas, Juntas de Acción Comunal y comunidades vulnerables del país. Argumentan que esta tarea es propia de los mandatarios regionales y que el gobierno no ha tomado en cuenta su opinión al respecto.
Por otro lado, el Decreto 1959 de 2023, firmado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, busca autorizar la compra del hospital público de Bogotá San Juan de Dios por parte del Distrito. Los alcaldes y gobernadores también consideran este decreto inconstitucional, ya que consideran que Petro estaría excediendo sus competencias al tomar decisiones sobre adquisiciones de bienes públicos sin consultar ni tener en cuenta a los demás mandatarios regionales.
Ante esta situación, los alcaldes y gobernadores solicitan que el gobierno se limite a cofinanciar y apoyar las tareas correspondientes a los mandatarios locales, en lugar de tomar decisiones y realizar acciones que ellos consideran propias de su competencia. Argumentan que la descentralización es fundamental para el buen funcionamiento de las entidades regionales y que estas deben tener la autonomía necesaria para tomar decisiones sobre asuntos que afectan directamente a sus comunidades.
La demanda será presentada ante la Corte Constitucional, la máxima instancia judicial encargada de analizar la constitucionalidad de las leyes y decretos en Colombia. Los alcaldes y gobernadores confían en que la Corte evaluará sus argumentos y tomará una decisión que garantice el respeto a la autonomía de las entidades regionales y la correcta distribución de competencias entre el gobierno central y los mandatarios locales.
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