Después de llevar a cabo una asamblea extraordinaria, el Gobierno nacional ha realizado modificaciones en los dos cargos que le corresponden en la junta directiva de la Nueva EPS, la entidad de salud más extensa del país con más de 10 millones de afiliados, en la cual el Estado tiene participación activa.
La junta de la Nueva Eps ahora está conformada por el viceministro de Salud, Jaime Urrego; el ex viceministro de Hacienda, Fernando Jiménez Rodríguez, y Fabio Alberto Cardona, subdirector de la Caja de Compensación Familiar Cafam. Asimismo, se ha dado la salida de Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras.
Además de estos cambios, la junta directiva sigue contando con Noemi Sanín y Raúl Esteban Sastre. Hasta el momento, no se ha anunciado ningún cambio en la presidencia de la Nueva EPS.
Cabe destacar que la estructura de la Nueva EPS es mixta, donde la mitad más uno de su composición es de naturaleza privada, a través de la participación de las cajas de compensación, y la mitad menos uno es de índole estatal, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.
Los accionistas principales de la Nueva EPS incluyen a las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle y Comfandi, ostentando el 50+1 acción, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 50-1 acción.
Una de las modificaciones que se espera con la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional es que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dejen de manejar recursos y se conviertan en administradoras. Esto se debe a que el dinero que reciben las EPS no tiene ningún tipo de control una vez es entregado por el Estado, lo que podría generar un posible detrimento patrimonial al no tener una veeduría clara sobre los gastos e inversiones realizados con este dinero.
En este sentido, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, ha solicitado una auditoría forense a la EPS Sanitas. Según Martínez, una vez los recursos son entregados a las EPS, el Estado no realiza auditorías ni control sobre su uso.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha pedido a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo para llevar a cabo la auditoría forense a la EPS Sanitas. El objetivo es conocer qué sucede con los recursos que recibe la entidad y regular la integración vertical de los negocios.
En respuesta a las declaraciones de la EPS Sanitas sobre una supuesta deuda de 780.000 millones de pesos por parte del Gobierno nacional, Félix León Martínez ha afirmado que en las cuentas de la Adres solo figuran seis millones de pesos. Según Martínez, la EPS se refiere a cuentas glosadas o rechazadas que han sido intentadas cobrar desde gobiernos anteriores.
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