La Registraduría Nacional ha lanzado una serie de advertencias sobre los riesgos que acechan las elecciones regionales que se celebrarán en Colombia el 29 de octubre de 2023. Además de solicitar en varias ocasiones al Gobierno que garantice la integridad del proceso electoral y que incluya los temas electorales en los diálogos de paz, ahora también se ha alertado sobre la preocupante presencia de candidatos impuestos por grupos armados ilegales.
El registrador nacional, Alexander Vega, ha reconocido el incremento en el número de candidaturas para estas elecciones, con más de 132.000 aspirantes inscritos. Sin embargo, ha manifestado su preocupación de que algunos de estos candidatos hayan sido impuestos por organizaciones criminales. Según Vega, “hay candidatos que han sido puestos por los grupos armados al margen de la ley y ya están amenazando a la ciudadanía”.
Aunque no se han mencionado los nombres de los grupos armados, el registrador nacional lleva más de dos meses pidiendo al presidente y a las autoridades correspondientes que las elecciones sean protegidas de cualquier intervención de estos actores ilegales. Además, ha solicitado que se proporcione a la Fuerza Pública todos los recursos necesarios para asegurar el control territorial durante el proceso electoral.
Según Vega, existen denuncias de empadronamiento de grupos armados ilegales en varias regiones del país, lo que evidencia una constreñimiento al elector. Además, en algunas zonas como Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés, las fuerzas militares y policiales tienen dificultades para inscribir candidatos debido a la falta de conectividad y control territorial.
La problemática de la inseguridad en algunas regiones ha llevado a que algunos gobernantes locales se vean obligados a desplazarse de sus municipios y a ejercer sus funciones desde fuera debido a amenazas. Incluso, en el Catatumbo, Norte de Santander, se ha presentado la renuncia de un cargo de elección popular debido a la violencia y la intimidación.
La situación planteada por la Registraduría Nacional y las denuncias sobre la presencia de candidatos impuestos por grupos armados ponen en evidencia la necesidad de garantizar la transparencia y la seguridad en las próximas elecciones regionales en Colombia. Las autoridades competentes deben tomar medidas contundentes para prevenir cualquier tipo de intervención ilegal y proteger los derechos y la voluntad de los ciudadanos en este proceso democrático.
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