Un nuevo capítulo de los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello arrancará en el Congreso. El representante a la Cámara, Pedro José Suárez, del Pacto Histórico, radicará proyecto de ley para impedir que los funcionarios elegidos por voto popular (alcaldes, gobernadores, ediles, concejales, etc.) sean destituidos o inhabilitados por el Ministerio Público.
“El proyecto de ley pretende armonizar la constitución política con la Convención Americana de Derechos Humanos”, dice el comunicado de prensa del congresista. En su propuesta, asegura que se centrarán en garantizar los derechos políticos de los funcionarios, que solo pueden ser suspendidos o limitados por sentencia judicial y no por facultades de la Procuraduría.
Esta discusión ha estado presente entre el presidente y la procuradora, ya que el Jefe de Estado se ha negado en varias ocasiones a cumplir con las órdenes del Ministerio Público. El caso más reciente fue el 27 de julio pasado, cuando Petro le remitió un documento a Cabello de 24 páginas y controvirtió su decisión. Esta misma disputa ya había ocurrido en mayo de este año, cuando la Procuraduría ordenó investigar y suspender a varios congresistas del Pacto Histórico.
La Casa de Nariño argumenta que la Procuraduría desconoce las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que un funcionario elegido por voto popular no puede perder sus derechos políticos por cuenta de una autoridad administrativa. Incluso, el propio presidente Petro ha sido protegido por una decisión de este tipo. Es precisamente esto lo que se busca consolidar en el legislativo.
Este conflicto se suma a la tensión entre el presidente y la procuradora, quienes han mantenido una serie de desacuerdos en torno a las funciones del Ministerio Público y la interpretación de las normas constitucionales. Ambos actores políticos han manifestado su posición en diferentes ocasiones, generando un debate sobre los límites y alcances de las facultades de cada uno.
El proyecto de ley presentado por el representante Pedro José Suárez abre un nuevo escenario de discusión en el Congreso, donde se evaluará la pertinencia de modificar las normas relacionadas con la destitución e inhabilitación de funcionarios elegidos por voto popular. Esto implica un análisis profundo de los principios constitucionales y los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de derechos humanos.
Es importante destacar que esta propuesta legislativa no solo tiene implicaciones para el actual periodo presidencial, sino que sienta un precedente para futuros mandatarios y funcionarios públicos. La discusión en el Congreso permitirá definir los límites y el alcance de las facultades de la Procuraduría, así como proteger los derechos políticos de los ciudadanos que son elegidos por voto popular.
En resumen, la disputa entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello por las funciones del Ministerio Público se intensifica con la presentación de un proyecto de ley en el Congreso. Esta propuesta busca evitar la destitución e inhabilitación de funcionarios elegidos por voto popular y armonizar las normas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos. La discusión en el legislativo permitirá establecer el alcance de las facultades de la Procuraduría y proteger los derechos políticos de los ciudadanos.
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