La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, debido a las presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas. Según se informó, la congresista habría admitido haber hecho donaciones económicas a algunos candidatos de las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre. Esto ha generado una preocupación debido a que podría tratarse de una falta disciplinaria.
En una entrevista a un medio de comunicación, Isabel Cristina Zuleta manifestó que ha entregado parte de su salario a los candidatos de las elecciones regionales. Sin embargo, la Procuraduría considera que esto podría constituir una falta disciplinaria, ya que está prohibido que los funcionarios públicos hagan contribuciones a partidos políticos o candidatos, a menos que estén contempladas por la ley.
La Procuraduría se encuentra investigando los hechos para determinar si estos constituyen una falta disciplinaria, así como para esclarecer los motivos, las circunstancias en las que se llevaron a cabo y las posibles consecuencias de estas acciones. Se espera que, una vez concluida la investigación, se puedan determinar las sanciones correspondientes, en caso de encontrar faltas.
Cabe destacar que Isabel Cristina Zuleta ha reconocido públicamente que utiliza parte de su salario como senadora para pagar impuestos, hacer aportes y realizar donaciones a diferentes candidatos para las elecciones regionales. No obstante, según lo estipulado en el artículo 110 de la Constitución Política, está prohibido que los funcionarios públicos realicen contribuciones a partidos, movimientos o candidatos, salvo excepciones contempladas por la ley. El incumplimiento de esta prohibición puede llevar a la remoción del cargo o a la pérdida de la investidura.
El caso de la senadora Zuleta ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la importancia de mantener la transparencia y la legalidad en el financiamiento de las campañas políticas. La Procuraduría continuará con la investigación para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa vigente, para garantizar la imparcialidad y la integridad de los procesos electorales.
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