El Gobierno de Gustavo Petro busca agilizar los procesos de la Agencia Nacional de Tierras con un borrador de decreto que permitiría la venta de propiedades afectadas por proceso de extinción de dominio al Estado. El documento, que ya se encuentra en la página oficial del Ministerio de Agricultura, establece que el propietario de un predio en proceso con la Sociedad de Activos Especiales podrá vender su propiedad a la Agencia Nacional de Tierras. A cambio, el Gobierno estaría dispuesto a pagar hasta el 80% del valor comercial de la propiedad, valorando así la voluntad de colaboración del propietario.
Sin embargo, el proyecto de decreto estipula que el porcentaje del valor comercial que el propietario puede obtener disminuirá a medida que avance el proceso de extinción de dominio. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explicó que esta reglamentación busca cerrar una dispersión normativa previa y generar mecanismos más ágiles y eficientes para alcanzar la meta de 1.500.000 hectáreas de reforma agraria en los tres años de gobierno restantes.
El proyecto de decreto ha generado dudas sobre la Agencia Nacional de Tierras, especialmente debido a las cifras y resultados de gestiones publicadas durante la actual gestión del director Gerardo Vega. A pesar de que el Gobierno afirmaba haber formalizado más de 1 millón de hectáreas este año, un informe interno reveló que gran parte de esa cifra corresponde a acciones realizadas por gobiernos anteriores. Además, el informe señala que los funcionarios actuales de la entidad estaban siendo presionados para manipular los resultados de la Reforma Agraria y adjudicarse logros que no les corresponden. Durante la gestión de Petro, solo se han formalizado 120.932 hectáreas de tierra, lo que representa el 11,92% de la cifra reportada.
El proyecto de decreto se encuentra actualmente en la plataforma de consulta, abierto a observaciones de todos los sectores. Se espera que esta propuesta permita agilizar los procesos de la Agencia Nacional de Tierras y contribuya a alcanzar las metas de reforma agraria establecidas por el Gobierno. Sin embargo, existe cierta desconfianza debido a las dudas surgidas en torno a la gestión actual de la entidad.
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