Durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de junio de 2023, se han registrado un total de 219 víctimas de violencia política en Colombia, según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Estas víctimas se han visto involucradas en 175 hechos asociados a la violencia electoral en el país. Entre las víctimas, se han contabilizado 34 asesinatos, 31 atentados y 154 amenazas.
Estas cifras preocupantes revelan un incremento del 50.8% en el número de hechos registrados y del 44% en el número de víctimas en comparación con el informe anterior. La Fundación Pares alerta sobre la persistencia de la violencia política-electoral en el marco del calendario electoral para las elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleas, concejos y juntas locales administradoras, que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre de 2023.
La violencia política-electoral en Colombia está vinculada no solo a dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a redes políticas clientelares y corruptas. Para la Fundación Pares, la violencia ha sido históricamente utilizada como un mecanismo de competencia electoral en el país.
Además de las cifras alarmantes, el informe destaca algunos casos de violencia política de mayor gravedad. Entre los asesinatos registrados se encuentran los de Claudia Ordóñez, candidata al Concejo de Jamundí, Valle del Cauca; Luis Eduardo Timaná, líder indígena y candidato al Concejo de Pradera, Valle del Cauca; José Ílder Díaz, precandidato al Concejo de Policarpa, Nariño; Leandro Sánchez, candidato al Concejo de Honda, Tolima; y Ronald David Gómez, concejal de Tolú, Sucre.
Asimismo, se han registrado 32 atentados, de los cuales 11 se han reportado en el último bimestre. Estos atentados se han llevado a cabo en diferentes departamentos del país, como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
La Fundación Pares advierte sobre la importancia de garantizar la participación política en el marco de las negociaciones de paz en el país. Aunque los grupos armados no son los principales perpetradores de la violencia política, tienen responsabilidad en el 30% de los hechos registrados. Además, identifica que departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Tolima y Huila presentan mayores riesgos debido a la presencia de estructuras armadas.
En conclusión, los datos presentados en el informe de la Fundación Paz y Reconciliación evidencian un incremento alarmante de la violencia política en Colombia durante el periodo electoral. Estas cifras son preocupantes y requieren acciones urgentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y la participación política de los ciudadanos en el país.
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