Este jueves, la senadora Isabel Zuleta aumentó la controversia que desató en las últimas horas respecto a su salario como congresista, después de confesar que hace aportes económicos a campañas políticas con miras a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.
En una entrevista con Blu Radio, Zuleta mencionó que el dinero sale de su salario, por lo que podría incurrir en una conducta ilícita.
“Para las campañas locales lo que estoy haciendo es un aporte personal, porque sé las dificultades de un líder social para sacar una valla, un volante o un periódico. Que haya una sola tesorería no implica que no tengamos gastos individuales”, dijo inicialmente.
Luego, agregó: “Eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas”.
Según la Constitución Política de 1991, quienes desempeñan funciones públicas tienen prohibido hacer cualquier tipo de aporte a campañas. El incumplimiento de esta prohibición puede llevar a la remoción del cargo o a la pérdida de la investidura, según lo establecido en el artículo 110.
Además, la Ley 1475 de 2011 enumera una lista de prohibiciones para las fuentes de financiación de los partidos políticos y las campañas, y menciona específicamente que las fuentes de financiación no pueden provenir de personas que desempeñan funciones públicas. Esta ley establece que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular pueden realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, pero dentro de los límites establecidos en el artículo 25.
En ese sentido, al financiar campañas políticas con su salario de congresista, la senadora Zuleta estaría cometiendo un delito de acuerdo con la ley. Según el Código Penal, esta conducta puede ser castigada con una pena de prisión de cuatro a ocho años, multa de cuatrocientos a mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo[^5^]. Esta situación genera dudas sobre la legalidad de las acciones de la congresista y pone en entredicho la transparencia en la financiación de las campañas electorales en el país.
Esta noticia plantea la necesidad de una mayor regulación y control en la financiación de las campañas políticas, así como una mayor transparencia en las acciones de los congresistas y otros funcionarios públicos. Además, invita a reflexionar sobre la importancia de que los representantes del pueblo actúen con integridad y respeto a la ley en todos sus actos de servicio público.
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